Diferentes organizaciones sociales de Colombia informaron el lunes que enviaron un documento a la Corte Constitucional para que se extienda el mandato de la Comisión de la Verdad, organismo creado en el marco de los Acuerdos de Paz de La Habana para esclarecer las causas del conflicto armado y satisfacer el derecho de las víctimas a conocer lo ocurrido, el cual vence este 2021.
La petición fue hecha “con el fin de que dicha institución pueda culminar su labor con la garantía de satisfacción de los derechos de las víctimas en términos de esclarecimiento de lo ocurrido en Colombia durante el conflicto armado”, indicó el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en un comunicado.
Entre los principales argumentos para la solicitud señalan la dificultad que implicó para las víctimas la articulación con la Comisión de la Verdad durante el 2020 y parte de este año a raíz de la pandemia de COVID-19.
“El grave riesgo de propagación de esta enfermedad implicó un cambio en las condiciones de acceso a una institución como la Comisión de la Verdad, entidad autónoma y transitoria del Estado, componente del sistema de justicia transicional que busca la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno”, precisa el texto.
El organismo agrega que en medio de este escenario las dinámicas de relacionamiento con el Estado afectaron particularmente la efectividad de la Comisión para la construcción de un proceso que busque una verdadera satisfacción de las víctimas, por lo que ahora, que está próximo a vencer su mandato, “es preciso tomar determinaciones prontas y oportunas que garanticen el funcionamiento (del sistema de verdad) en todos sus aspectos”.
Las organizaciones confían en que la Corte pueda determinar que se amplíe el plazo de la Comisión de la Verdad, de manera que “beneficie a las víctimas permitiendo hacer de la verdad un bien público para Colombia”.
El documento fue suscrito, además del Movice, por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), el Comité de Solidaridad con los Preso Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), y la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC).
Con información de Sputnik.