El defensor de Derechos Humanos Pierre Espérance puso en duda la resolución del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse y criticó el sistema judicial que funciona de manera irregular en los últimos años.
“No creo que Jovenel Moïse reciba justicia. No creo que la investigación tenga éxito. Las instituciones se han debilitado. Desde 2018, la justicia solo funciona 4 meses de los 12. El mandato de muchos jueces no ha sido renovado. Los casos no avanzan”, según declaraciones del coordinador de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, recogidas por el diario Le Nouvelliste.
Espérance, un agudo crítico de la gestión del exmandatario, recordó que su organización presentó 10 demandas en relación con 13 masacres perpetradas por bandas armadas en los barrios pobres de la capital, y hasta la fecha no hubo seguimiento en las investigaciones.
También alertó sobre los desafíos del juez que instruirá el caso, cuando se enfrente a quienes participaron en la trama o aquellos que encontraron cómplices en las más altas esferas del Estado.
Moïse recibió al menos 12 disparos en su residencia privada el pasado 7 de julio, y en el ataque su esposa Martine Étienne resultó herida, sin que consten lesiones entre los integrantes de la guardia presidencial.
Espérance aseguró que en la casa presidencial se guardaban importantes sumas de dinero en dólares y en gourdes, la moneda local.
“Encontramos bolsas seguras, utilizadas habitualmente por el Banco de la República de Haití. Estas bolsas contenían fajos de dólares, pero también fajos de 1.000 gourdes, 500 gourdes y 250 gourdes. Martine Moïse pudo recuperar algo de dinero tras regresar al país”, aseguró.
Sin embargo, hasta el momento los investigadores no encontraron el documento al que hizo referencia la viuda en sus primeras declaraciones a la prensa.
El lunes el decano del Tribunal de Primera Instancia de esta capital, Bernard Saint-Vil, designó al juez de instrucción Mathieu Chanlatte para investigar el magnicidio, luego que varios magistrados rechazaron el archivo temiendo por su seguridad.
Un mes después de los hechos la investigación parece estancada, mientras 44 sospechosos, de ellos 18 colombianos acusados de integrar el comando armado que ultimó al gobernante fueron trasladados a la Penitenciaría Nacional.
También se encuentra prisionero el médico Enmanuel Sanon, señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio y con vínculos con empresas en Estados Unidos.
Con información de Sputnik.