Luego de valorar los elementos de prueba, la Fiscalía General de la Nación radicó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia escrito de acusación contra el gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia sanitaria por el Covid-19.
Los hechos investigados tienen relación con el “contrato de prestación de servicios” N°198 del 15 de abril de 2020, suscrito de manera directa con la Fundación Chocó Saludable, para realizar jornadas de salud y mitigar el impacto de la pandemia en 27 municipios.
El contrato, cuyo valor ascendió a 2 mil 91 millones 500 mil pesos, contempló 11 ciclos educativos en 116 comunidades indígenas, afrodescendientes y Rom-gitanos; así como un plan de difusión de mensajes a través de pasacalles, vallas, pendones, plegables, cuñas y piezas audiovisuales, entre otros productos.
La celebración del citado contrato habría vulnerado decretos y resoluciones que establecen los parámetros de contratación, en virtud de la coyuntura por el Covid-19. Adicionalmente, se conoció que en el proceso de selección no fueron invitadas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) del departamento.
La convocatoria fue dirigida a entidades de otra región que, al parecer, no tenían las competencias, perfil, experiencia, condiciones técnicas y operativas.
Una de estas, la Fundación Chocó Saludable. De otra parte, la finalidad del contrato, de carácter preventivo y publicitario, presuntamente desconoció las verdaderas necesidades de las poblaciones priorizadas, y desatendió las deficiencias en salud pública.
Por estas y otras supuestas anomalías, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia presentó escrito de acusación contra el gobernador Palacios Calderón por los delitos de: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en la modalidad de tentativa.