El senador Iván Cepeda anunció este viernes, en rueda de prensa virtual, que presentará una denuncia penal contra el fiscal Gabriel Jaimes, quien lleva el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por manipulación de testigos, luego que la Fiscalía General anunció que pedirá ante un juez que se precluya dicha investigación.
“Presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por haber incurrido presuntamente en prevaricato por acción y por omisión”, dijo Cepeda a través de Facebook Live.
Según Cepeda, la denuncia penal se sustenta en “algunas conductas contrarias al ordenamiento jurídico” cometidas por el fiscal, como “favorecer los intereses del procesado, al punto que apartándose de su deber legal y constitucional ha fungido de facto como protector, defensor y prácticamente abogado de Álvaro Uribe Vélez”.
Más temprano, la Fiscalía General anunció en un comunicado que pedirá ante un juez que se precluya la investigación al también exsenador Uribe.
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“El coordinador de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gabriel Ramón Jaimes Durán, tomó la decisión de radicar ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá solicitud de audiencia de preclusión de la investigación que se sigue contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez”,
El organismo señaló que tomó la determinación luego de que hizo una “valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia ́física y la información legalmente obtenida durante el curso del proceso”, lo que llevó a Jaimes a establecer que varias de las conductas por las cuales se vinculó a Uribe “no tienen la característica de delito, y otras que sí lo son no se pueden atribuir como autor o partícipe”.
Uribe, en calidad de senador, era investigado desde EL 2018 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un caso de presunta manipulación de testigos exparamilitares que declararon en su contra desde las prisiones en las que se encuentran.
Investigaciones de la Corte darían cuenta de que con dicha manipulación Uribe buscaba que los testigos cambiaran su versión y declararan en contra del senador Cepeda, uno de sus más fuertes contradictores y quien logró obtener los testimonios de los involucrados, que señalaron al expresidente de conformar un grupo paramilitar.
El 4 de agosto de 2020 la CSJ emitió un fallo de detención domiciliaria contra Uribe, por lo que debió confinarse en su hacienda El Ubérrimo, en el departamento de Córdoba (norte), de unas 1.500 hectáreas y en la que, dijo, se busca “secuestrado” por la justicia.
El 18 de agosto del mismo año, Uribe renunció a su escaño en el Congreso y con ello perdió su investidura como senador, por lo que su proceso ya no lo siguió la CSJ y fue tomado por la Fiscalía General, que abandonó la investigación adelantada hasta entonces por el alto tribunal e hizo un propia.
Al respecto, Cepeda cuestionó este viernes en la rueda de prensa que la Fiscalía intente invalidar la investigación de la CSJ y acusó a Uribe de ejercer un “sucio ataque” contra los magistrados de la Sala de Instrucción del alto tribunal.
Comunicado de prensa
Iván Cepeda Castro
5 de marzo de 2022
- En esta mañana queremos ratificar nuestro compromiso con la justicia, reafirmar la defensa de las víctimas y que continuaremos, con dignidad, nuestra lucha genuina contra la impunidad.
La de Álvaro Uribe es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades: falsos positivos, testigos falsos, falsa preclusión.
A él le digo hoy: triste historia la suya, al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia. Pero eso ha sido inútil: el país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro. Para usted no habrá luz al final del túnel.
- Anuncio que en compañía del exfiscal Eduardo Montealegre Lynnet y de mis abogados, presentaremos denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el fiscal Gabriel Ramón Jaimes, por haber incurrido -presuntamente- en prevaricato por acción y omisión. Algunas de las conductas contrarias al ordenamiento jurídico del fiscal Jaimes, son las siguientes: i) favorecer los intereses del procesado, al punto que, apartándose de su deber legal y constitucional, ha fungido de facto, como abogado defensor de Álvaro Uribe; ii) las posiciones de la Fiscalía, son un espejo de las argumentaciones del imputado y su defensa; iii) ha pretendido invalidar, de facto, lo actuado por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, al repetir la práctica de pruebas; retrotrayendo el proceso, a fases superadas por ese Alto Tribunal; beneficiando con estas irregularidades a la parte imputada del proceso, el exsenador Álvaro Uribe.
- Una decisión de solicitar preclusión en el presente caso equivale a un cínico desconocimiento de la realidad procesal, en la que figura, entre otros muchos elementos, la circunstancias de que el representante Álvaro Hernán Prada, y el abogado de reconocidos narcotraficantes, Diego Cadena, están el uno ad portas de un juicio y el otro siendo enjuiciado. Mientras estos presuntos cómplices de quien figura como el presunto determinador de graves delitos, estan siendo llamados a responder ante la justicia, al autor principal se le busca premiar con un intento de preclusión.
- Durante estos meses, trascurridos después de la medida de aseguramiento que la Corte Suprema de Justicia, la sociedad colombiana ha presenciado el ataque sucio del procesado Álvaro Uribe Vélez contra los magistrados de la Corte Suprema, el uso de toda clase de medios para atacar a las víctimas, a mi familia y presionar de todas las formas posibles al testigo principal en el caso.
- Durante la última década, Álvaro Uribe Vélez ha presentado a la justicia, por lo menos, 24 falsos testigos en mi contra, de los cuales dos se han retractado y uno de ellos (el señor Carlos Enrique Areiza) fue asesinado luego de su retractación; contra 10 de ellos se han compulsado copias (en el auto inhibitorio de la Corte Suprema del 16 de febrero de 2016 y la resolución de situación jurídica de Uribe del 3 de agosto de 2020); otros como el señor Francisco Taborda, han sido utilizados en otros procesos y han sido condenados por falso testimonio, son como hemos dicho falsos testigos reciclados. En esta fabricación industrial de falsos testigos y testimonios, hay un interés común de procurar beneficio jurídico para Uribe desacreditando a declarantes en actuaciones procesales seguidas en su contra o de su familia; esa práctica se ha intensificado en el momento de decisiones judiciales, como la resolución inhibitoria, o el actual momento en el que se decide si se le llama a juicio; varias cartas fueron realizadas por personas ajenas a quien imponía su huella y firma; la intervención de terceros y, particularmente, abogados, que formalmente no representan a Uribe, para que actuaran a su nombre en la búsqueda de testigos y quienes usualmente tomaron poder de los potenciales testigos para asistirlos judicialmente; en las cartas, además, se aprecian estructuras semánticas y de contenido muy similares, entre diferentes testigos.
- Nada de esto ha sido investigado por la Fiscalía, y por el contrario el fiscal Jaimes está llevando y utilizando testigos falsos, como Hilda Niño y el Tuso Sierra (quienes han sido traidos al proceso para mentir también en contra de los doctores Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo); empleando, para el efecto, el mismo modus operandi de Uribe en sus defensas.
- Este uso sistemático de falsos testigos, hace parte de lo que la Corte Suprema de Justicia definió como 13 patrones que son utilizados en el modus operandi de Uribe y sus cómplices para la presunta comisión de un soborno sistemático y lograr el fraude procesal.
- En estos meses, hemos podido asistir a un espectáculo en el que Uribe haciendo uso de su poder, ha empleado toda clase de medios ilegales para ensañar su odio vengativo contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ordenando la abierta injerencia del presidente Iván Duque para descalificar sus decisiones y pedir una supuesta reforma de la justicia que en realidad es un golpe contra la misma, empleando a sus copartidarios en el Congreso para intentar judicializar a los magistrados, y utilizando un gigantesco aparato propagandístico para ensuciar su nombre y manchar su hoja de vida. Solo este hecho bastaría para llevarlo a juicio por intentar un fraude procesal.
En la mañana de hoy asistimos al espectáculo más vergonzoso que se haya presentado en la historia de la Fiscalía General de la Nación: la claudicación de la investigación penal ante un poder descompuesto y sin escrúpulos. Nuestra dignidad y fuerza moral es superior a esta infamia. Con la templanza de nuestras convicciones derrotaremos la mentira y la injusticia.
“La sociedad colombiana ha presenciado su sucio ataque contra los magistrados de la Corte Suprema, el uso de toda clase de medios para atacar a las víctimas, a mi familia y de presionar por todas las formas posibles al testigo principal del caso”, dijo Cepeda .
El senador se refirió así al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo del administrador de una antigua finca de la familia Uribe, quien señala al expresidente de conformar un grupo paramilitar en los años 90, cuando era gobernador de Antioquia, y al que la defensa del exmandatario ha buscado desacreditar al calificarlo como un testigo mentiroso.
Las conclusiones por las cuales la Fiscalía pedirá la preclusión de la investigación serán expuestas por el organismo en una diligencia pública ante un juez Penal del Circuito de Bogotá en una fecha que disponga la Judicatura.
Con información de Sputnik.