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A la cárcel alias ‘Cabeza’, otro implicado en crimen de ambientalista del Chocó

Se trata del cuarto integrante del ‘Clan del Golfo’ detenido por el asesinato de la ciudadana colomboespañola Juana María Perea.

La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Nilson Enrique Obregón Reyes, alias Cabeza, presunto sicario del ‘Clan del Golfo’, quien estaría involucrado en el crimen de la ambientalista Juana María Perea Plata, ocurrido el 29 de octubre de 2020 en Nuquí (Chocó).

De acuerdo con los elementos de prueba, alias Cabeza, al parecer, guardó las armas que se usaron en el asesinato de la ciudadana colombo –española, y habría albergado en un inmueble a otras personas que participaron en los hechos.

La investigación da cuenta de que supuestos integrantes del ‘Clan del Golfo’ llegaron a la vivienda de la víctima en el corregimiento de Termales, se la llevaron en contra de su voluntad en una lancha que recorrió el Pacífico hasta el río Nuquí y, en el sector conocido como Coquí, le dispararon. El cuerpo fue lanzado a las aguas y, posteriormente, la comunidad lo ubicó.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a Obregón Reyes los delitos de feminicidio agravado y concierto para delinquir. Por su parte, el juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

En las verificaciones realizadas se constató que el procesado tiene antecedentes judiciales por homicidio, delitos sexuales, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Por la muerte de Juana María Perea son tres las personas judicializadas: Néstor Leonel Lozano Muriel, alias Tigre, señalado jefe de una estructura del ‘Clan del Golfo’y quien presuntamente disparó contra la víctima; Arístides Pacheco Benítez, alias Mulo; y el hoy asegurado.

El esclarecimiento de este crimen es posible gracias al enfoque territorial definido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado; y a la disposición de un equipo interdisciplinario conformado por policía judicial de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, el CTI y la Sijin de Chocó, con apoyo de Medicina Legal y la Armada Nacional.

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