El funcionario desatendió las directrices dadas por el Ministerio de Salud, con lo que ocasionó riesgosas condiciones en la prestación del servicio a casi siete millones de usuarios.
Por los mismos hechos la Fiscalía General de la Nación también acusó a los exrepresentantes legales de dos IPS quienes habrían acordado el pago de casi 20 mil millones de pesos para ser favorecidos con los convenios.