El Pleno de la Corte IDH tomó la decisión de requerir al Estado peruano para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Este litigio empezó en 2012 cuando el Centro de Derechos Reproductivos y la Colectiva Feminista presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.