La entidad autorizó el ejercicio del poder preferente resaltando que son hechos de connotación nacional y que al parecer afectaron gravemente derechos fundamentales de personas que perdieron la vida, así como derechos de sus familiares.
El material de prueba recaudado indica que el oficial habría disparado directamente y a corta distancia contra las víctimas. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad; y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio.