Según la Organización de Naciones Unidas, cualquier liberación humanitaria de los responsables de graves violaciones de derechos humanos debe ajustarse al derecho internacional.
El Pleno de la Corte IDH tomó la decisión de requerir al Estado peruano para garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.