Como parte de una investigación que se sigue por la contaminación ambiental y el daño a los recursos naturales con el funcionamiento de una matadero clandestino en la vereda Sasa, en Chiquinquirá (Boyacá), la Fiscalía General de la Nación identificó a una red delictiva señalada de sacrificar reses, caballos y asnos para vender la carne en municipios de Boyacá y Cundinamarca, y a proveedores de programas públicos.
En diligencias realizadas de manera conjunta con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional fueron capturados ocho de los presuntos integrantes de esta red . Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir, maltrato animal, contaminación ambiental, y corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.
La estructura delincuencial, al parecer, disponía de animales enfermos y en malas condiciones, sin contar con los permisos de ley y en medio de condiciones precarias de salubridad. Esto generaba afectaciones al suelo y a las fuentes hídricas por el vertimiento de residuos de esta actividad.
Los elementos materiales probatorios indican que la carne obtenida sería embalada y trasladada sin mantener la cadena de frío y de conservación a bodegas de Cota (Cundinamarca) y Bogotá. Desde allí, a través de un intermediario, presuntamente era vendida y distribuida a proveedores del Plan de Alimentación Escolar (PAE), centros carcelarios, plazas de mercado y establecimientos de comercio.
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) participó en las diligencias realizadas y constató que el producto ofrecido por esta estructura no era apto para el consumo humano.
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Los procesados por estos hechos fueron identificados como:
● Cristian Mauricio Martínez Gaviria, Óscar Armando Valbuena Sánchez y Saúl Humberto Pinilla García, quienes serían los administradores de cuatro bodegas de beneficio animal clandestinas. El juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
● John Anderson Pineda Ortegón, sería trabajador de una de las bodegas; Gildardo Antonio Isaza Herrera, señalado intermediario; Yuber Molina Roberto, Luis Alfonso Pecue Machado y Soledad Quintero Lozano, empresarios y compradores. Ellos recibieron medida privativa de la libertad domiciliaria.
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