El Gobierno nacional emitió el lunes un decreto 380 de 2021 mediante el cual hizo público el marco normativo que aplicará para la retoma de la fumigación aérea de cultivos ilícitos y el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente que se deberá tener con esa práctica, suspendida desde octubre de 2015.
“El decreto corresponde a la medida de carácter reglamentario que ordenó la honorable Corte Constitucional en la sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de 2019, como alternativa de regulación del proceso decisorio para que el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decida si reanuda o no el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea”, indicó el Gobierno en un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa.
Sin embargo, el Gobierno advirtió que pese a que el decreto ya fue sancionado por el presidente Iván Duque “no reactiva automáticamente el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea”, ya que para ello es necesario que el CNE “verifique el cumplimiento” de requisitos exigidos en una serie de leyes y por la Corte Constitucional.
La aspersión aérea con el herbicida Glifosato fue cancelada por la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018) en octubre de 2015 a raíz de un fallo de la Corte Constitucional, que señaló que el Glifosato afecta la salud de las comunidades vecinas, por lo que desde entonces se realiza de manera manual o de modo voluntario por parte de los campesinos que han optado por planes sustitutivos impulsados por el Estado.
Pese a esa decisión, el alto tribunal señaló que para retomar ese tipo de fumigación se debería presentar “evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”, ante lo cual el Gobierno de Duque sostiene desde hace meses que ya ha presentado toda la evidencia científica y técnica disponible frente a la “minimización de los riesgos para la salud y el medioambiente”.
La urgencia de retomar la aspersión aérea en el país, según el Gobierno, es debido a la necesidad de reducir las hectáreas sembradas con coca (insumo base para la fabricación de cocaína), que alcanzaron cifras récord entre 2018 y 2019, con cerca de 200.000 hectáreas, lo que generó la reacción de Estados Unidos, el principal destinatario del alcaloide y que otorga millonarias partidas anuales a Colombia para la lucha contra el narcotráfico.
“Los grupos armados han recurrido al uso de minas antipersonales, francotiradores, entre otros, para asesinar a 28 miembros de la Fuerza Pública y cuatro erradicadores, han dejado heridos a 160 miembros de la Fuerza Pública y 57 erradicadores en el periodo del 7 de agosto de 2018 al 9 de abril de 2021”, señaló el lunes el Gobierno al presentar el decreto.
Asimismo, indicó que “un Grupo Móvil erradica aproximadamente 1,9 hectáreas y mediante aspersión terrestre 10,2 hectáreas por día. Con la aspersión aérea se tiene prevista una capacidad de 162 hectáreas por día”.
La meta es reducir en 50 por ciento las áreas de cultivos ilícitos y la producción de cocaína al año 2023, es decir, que las hectáreas de coca no superen las 105.000 y la producción de cocaína esté por debajo de las 450 toneladas métricas.
“Este decreto no es otra cosa que el marco jurídico que establece las reglas de juego de un programa que busca enfrentar con mayor contundencia el problema mundial de las drogas, bajo unos parámetros técnicos y precisos que permiten verificar el cuidado del medioambiente y la salud de las personas”, agregó el Gobierno el lunes.
El decreto expedido otorga el marco normativo necesario al CNE para que pueda avalar la retoma de la aspersión área en el país, lo cual se daría en las próximas semanas pese a la oposición de varios sectores políticos, organismos sociales y defensores de los derechos humanos y del medioambiente.
El siguiente es el Decreto 380 de 2021
Con información de Sputnik.