El Gobierno de Guatemala llamó en consultas a su embajadora en Colombia, Reagan Vega, tras una medida similar tomada por el presidente colombiano Gustavo Petro por la orden de captura contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia y extitular de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta que el Gobierno de Colombia vuelva político un tema de orden legal, tomando decisiones abruptas sin seguir los pasos diplomáticos correspondientes. En ese sentido, hemos decidido por reciprocidad llamar a la embajadora de Guatemala en Colombia a consultas”, dijo la cancillería guatemalteca en un comunicado.
El Ministerio Público de Guatemala acusa de corrupción a Velásquez, quien dirigió de 2013 a 2019 la CICIG, y logró llevar a juicio y poner tras las rejas, por corrupción, a funcionarios de alto rango, como el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), entre otros.
Además de llamar en consulta a la embajadora de Colombia en Guatemala, Victoria González Ariza, el presidente Petro dijo este martes que no permitirá que “la corrupción lo persiga” (a Velásquez).
También afirmó que “si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país”.
En tanto, Guatemala rechazó la reacción de las autoridades colombianas.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en atención a los casi 200 años de una fraternal relación entre Colombia y Guatemala, rechaza el exabrupto del Gobierno de Colombia hacia la Justicia guatemalteca. Guatemala reitera el respeto de la institucionalidad democrática, del Estado de Derecho y de la separación de poderes, y hace un llamado para que el asunto se resuelva por la vía diplomática y el diálogo”, afirmó la Cancillería.
La Fiscalía guatemalteca también emitió orden de captura contra el diplomático Juan Pablo Carrasco, Mayra Véliz, exsecretaria general del Ministerio Público, Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la CICIG, y la ex fiscal general de la República, Thelma Aldana, quien goza de asilo en Estados Unidos.
Según reportes de prensa, la jueza que autorizó el procedimiento, Carol Patricia Flores, fue investigada por la CICIG por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.
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El Ministerio Público dispuso en los últimos meses las detenciones de al menos seis juristas que trabajaron en órganos antimafias en Guatemala, acusándolos de irregularidades en sus labores, entre ellos el ex jefe nacional de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y la jueza Erika Aifán.
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Con información de Sputnik.