En los próximos 5 días, la Cancillería y Migración Colombia, se encargarán de dar respuesta a las más de 300 observaciones enviadas por la ciudadanía colombiana, la población migrante venezolana e importantes actores estatales y de la sociedad civil, al proyecto de Decreto del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
Estas observaciones, que fueron recogidas a través de la ventana de transparencia de la Cancillería durante los últimos 15 días, hacen parte del ejercicio de participación ciudadana y transparencia y que según Juan Francisco Espinosa Palacios, director General de Migración Colombia, ayudan a construir políticas basadas en la realidad del país.
De acuerdo con el Director General de Migración Colombia, tras dar respuesta a cada una de estas observaciones, el proyecto de Decreto pasará a firma de la Canciller y el Presidente de la República, quedando así la medidas de Estatuto Temporal de Protección en firme.
El jefe de la autoridad migratoria colombiana indicó que tras la firma presidencial pasarán aproximadamente 90 días para que se inicie formalmente, por parte de la entidad, el Registro Único de Migrantes Venezolanos – RUMV. Paso obligado para todos los venezolanos que se encuentran dentro del territorio nacional.
“Con mucho agrado hemos visto cómo, durante los últimos quince días, diferentes sectores de nuestra sociedad han participado y se han pronunciado sobre el proyecto de Decreto del Estatuto Temporal de Protección. Un ejercicio que hace parte de nuestra democracia y que nos permite construir políticas reales, ajustadas a las necesidades del país. Este Estatuto Temporal de Protección lo construimos juntos, con la participación de la ciudadanía y de todos aquellos migrantes que deben apostarle a la regularización. Ésta es una oportunidad única para los migrantes y es un llamado que nos hace la historia al pueblo colombiano”.
Juan Francisco Espinosa
El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos podría llegar a beneficiar a cerca de dos millones de venezolanos, quienes podrían permanecer de manera regular en el país por un periodo de 10 años.