En el marco de los dispositivos del Plan Democracia se determinó que la Fuerza Pública garantizará la cobertura total de los puestos de votación, con la presencia de 3.168 uniformados en los 116 municipios, encargados de custodiar 684 puestos: 437 en zonas urbanas y cabeceras municipales, 232 en corregimientos, inspecciones de policía y áreas rurales, 11 en centros carcelarios y 4 correspondientes al censo electoral, con apoyo del Ejército Nacional en sectores rurales.
La agenda se concentró en el análisis del comportamiento delictivo y en las capacidades operativas y judiciales dispuestas para el proceso electoral.
En este contexto, la Fiscalía Seccional socializó el despliegue de fiscales e investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), orientado a garantizar la transparencia en el proceso electoral y atender las denuncias frente a hechos que puedan alterar el orden público o afectar el ejercicio del derecho al voto.
De manera complementaria, los organismos de inteligencia presentaron recomendaciones preventivas para anticipar posibles hechos violentos, mientras que la Procuraduría General de la Nación expuso la campaña de Paz Electoral, enfocada en la prevención de la polarización y en la promoción de conductas democráticas durante las campañas y la jornada electoral.
Los retos en seguridad
En un segundo momento, se entregó el balance estadístico en seguridad del 2025 y se presentaron las estrategias del 2026. El departamento registra una disminución significativa en las lesiones personales, atribuida a las acciones coordinadas con la Policía Nacional. Aunque se presenta un aumento en los delitos sexuales, este incremento en las cifras de denuncia se asocia a una mayor oferta institucional y a un mejor acceso a la justicia.
El análisis territorial evidencia que Facatativá y Zipaquirá reportan la reducción más significativa en muertes violentas de los últimos diez años. En el caso de Soacha, pese a un incremento registrado en el periodo evaluado, el municipio logró una reducción del 50 % en homicidios durante el primer mes del año, al pasar de 11 a 6 casos.
No obstante, Soacha, Chía y Mosquera continúan concentrando cerca del 70 % de la carga criminal del departamento, lo que mantiene una intervención prioritaria y focalizada.
En este escenario, se destacó el avance del mapeo de estructuras organizadas, los procesos que avanzan contra estas organizaciones y la actualización del cartel de los más buscados, como herramientas para afectar su operación.
De igual forma, las Fuerzas Militares presentaron los planes de protección del territorio frente a la posible presencia de grupos armados, con acciones estratégicas en zonas sensibles.
En este escenario, se destacó el avance del mapeo de estructuras organizadas, los procesos que avanzan contra estas organizaciones y la actualización del cartel de los más buscados, como herramientas para afectar su operación. De igual forma, las Fuerzas Militares presentaron los planes de protección del territorio frente a la posible presencia de grupos armados, con acciones estratégicas en zonas sensibles.
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El cierre de la sesión dejó definidas líneas claras de acción institucional, orientadas a proteger la vida, la tranquilidad y el ejercicio democrático en todo el territorio, con un trabajo coordinado que integra prevención, control y respuesta para que las elecciones se desarrollen en condiciones de seguridad y orden público.
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