En Colombia, cada vez son más los inversionistas que descubren una verdad incómoda pero innegable: en el desarrollo de proyectos inmobiliarios industriales, una mala decisión legal dependiendo de la magnitud del proyecto puede representar pérdidas por encima de los $300 millones. No se trata solo de elegir bien la ubicación, asegurar la financiación o tener un diseño atractivo. Hoy, el factor que realmente determina la viabilidad y rentabilidad de una obra es el respaldo jurídico desde la primera etapa.
De acuerdo con Fernando Bermúdez, CEO de Bermúdez Constructores, firma especializada en estructuración legal de proyectos inmobiliarios, quien ha acompañado a inversionistas en la compra, legalización, licenciamiento y comercialización de obras industriales en Colombia. Su experiencia demuestra que los problemas legales continúan siendo una de las principales causas de retrasos y sobrecostos en los proyectos inmobiliarios industriales.
El experto afirma que los conflictos más comunes incluyen retrasos o incumplimientos contractuales con contratistas y proveedores, problemas en la legalización de licencias o trámites con curadurías y entidades locales, disputas por linderos o titularidad del suelo, reclamaciones de compradores, afectaciones a servicios públicos y diferencias en la interpretación de normas urbanísticas. Cada uno de estos factores puede paralizar un proyecto o hacerlo inviable ante bancos, socios o compradores.
Así mismo destaca que, 2 de cada 5 construcciones industriales en Colombia sufre retrasos por dificultades jurídicas relacionadas con el uso del suelo o las licencias, lo que evidencia la necesidad urgente de contar con asesoría legal especializada desde la fase de planeación.
Ante este panorama, la clave está en anticiparse y contar con asesoría jurídica desde el inicio permite identificar riesgos, cumplir con las normas vigentes y tomar decisiones estratégicas con plena seguridad legal. Pero además de la prevención, el acompañamiento jurídico también optimiza procesos, agiliza trámites y protege la rentabilidad del negocio.
Según Bermúdez, todo proyecto debe contar, como mínimo, con estos documentos para estar correctamente blindado:
- Contrato de obra civil con alcances y exclusiones.
- Licencia de construcción aprobada.
- Pólizas de cumplimiento y estabilidad de la obra.
- Actas de entrega, finalización, garantías, y reglamentos de propiedad horizontal (cuando aplica).
- Escrituras públicas que acrediten la titularidad y antecedentes del predio.
“Estos documentos no son un formalismo. Son la base legal que hace viable el proyecto financiera y comercialmente”, explica Bermúdez. Un desarrollo sin esta documentación corre el riesgo de ser detenido, multado o quedar atascado en disputas legales que afectan su valorización y comercialización.
Desde Bermúdez Constructores, el equipo ha acompañado la estructuración legal de proyectos incluso en situaciones complejas, como predios con sanciones urbanísticas o zonas no contempladas en la norma vigente. Gracias a este enfoque estratégico, sus clientes han obtenido rentabilidades superiores al promedio del mercado y han protegido inversiones por más de $30 mil millones en activos industriales.
El mensaje es claro: en un entorno cada vez más exigente y regulado, el respaldo jurídico no es un gasto adicional, sino una inversión esencial. Es la única garantía real de que cada metro cuadrado construido se sostenga sobre bases legales firmes y rentables.
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“El respaldo jurídico no es un gasto, es una inversión que previene sanciones, optimiza decisiones estratégicas y garantiza que cada metro cuadrado construido tenga sustento legal y comercial”, concluye Bermúdez.
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