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Centro Democrático anuncia demanda contra decreto que eleva y anticipa pago de retención en la fuente

El partido político afirma que el Decreto 0572 impone una reforma tributaria encubierta que afecta a trabajadores, independientes y pequeñas empresas, sin pasar por el Congreso de la República. Presentará además, una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, con solicitud de suspensión provisional.

El Centro Democrático rechaza el Decreto 0572 de 28 de mayo de 2025, expedido por el Ministerio de Hacienda, que en la práctica equivale a una reforma tributaria encubierta, impuesta sin debate ni transparencia democrática.

El Partido presentará, además, una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, con solicitud de suspensión provisional, para impedir la entrada en vigencia, el próximo lunes 2 de junio, del Decreto 0572 mientras se evalúa su legalidad.

Causales

1) Invasión de competencias del Congreso

El Decreto 0572 modifica tarifas y amplía la base gravable en materia de retención en la fuente —atribuciones reservadas al Congreso de la República—, contraviniendo el principio constitucional de legalidad tributaria (Art. 150 CP) y el artículo 365 del Estatuto Tributario.

2) Carga excesiva sobre los contribuyentes

Al reducir los umbrales mínimos y aumentar hasta en más de un 200 % las tarifas de retención, se imponen anticipos fiscales que superan la capacidad de pago de millones de microempresarios, profesionales independientes y hogares de ingresos medios.

3) Uso anticipado de recursos de 2026

La norma desvía fondos que aún no han sido devengados para el año fiscal 2026, comprometiendo la caja del próximo gobierno y rompiendo la lógica de recaudación gradual (Art. 367 ET).

4) Obliga a miles de contribuyentes a endeudarse, solo para cumplir con estas nuevas exigencias de flujo de caja del gobierno nacional. Es un acto de abuso que pone en riesgo la sostenibilidad de pequeñas y medianas empresas.

5) Falta de debate y transparencia

Este decreto fue expedido “en silencio”, sin atender las observaciones de los gremios, ni abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y el sector productivo.

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Clamor por la responsabilidad fiscal y el Estado de Derecho

El decreto que adelanta el cobro de 7 billones de pesos en impuestos es una clara señal de que el Gobierno busca aniquilar al sector privado para financiar su despilfarro y una burocracia desmedida. Con los empresarios al borde del colapso, la mejora de las condiciones laborales será simplemente imposible.

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