El Gobierno argentino anunció una iniciativa denominada “plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos” para promover que los ciudadanos puedan utilizar su capital sin temor a que el fisco indague en sus orígenes.
“El presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, durante una comparecencia este jueves en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, junto con el ministro de Economía, Luis Caputo.
El objetivo de la actual gestión es que la economía se remonetice, a fin de que haya más dinero circulante, y que ingresen al sistema financiero capitales no declarados, conocidos de manera coloquial como “los dólares bajo el colchón”.
Bajo este prisma, el Ejecutivo llevará adelante una simplificación tributaria por el que serán derogados diferentes regímenes de información, herramientas por las que los comercios y profesionales remiten información sobre sus operaciones.
Serán eliminados los regímenes que dan cuentan de las compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales; los de compraventa de propiedades, de vehículos usados, de compra de expensas, y de consumos relevantes de servicios públicos.
De la misma manera que los montos de consumos personales serán resguardados, los escribanos serán eximidos de informar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) sobre transacciones importantes.
En la misma línea, los bancos tendrán prohibido la solicitud de la declaración jurada de sus clientes.
Al mismo tiempo, el Gobierno modificará al alza los umbrales de otros regímenes de información por los que se deben dar explicaciones.
Las entidades bancarias dejarán de informar por transferencias menores de a 50 millones de pesos (43.000 dólares al cambio oficial) en el caso de las personas, y de 30 millones de pesos (25.751 dólares) en el de las empresas, cuando hasta ahora el límite era de un millón de pesos (858 dólares).
Las extracciones y las compras en efectivo no serán fiscalizadas por debajo de los 10 millones de pesos (8.500 dólares), como tampoco los plazos fijos por debajo de los 100 millones de pesos para las personas y 30 millones para las compañías.
La Unidad de Investigación Financiera adaptará su normativa a este nuevo sistema.
En una segunda fase, el Gobierno impulsará un proyecto de ley “para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a otras administraciones”, ante posibles cambios de regímenes, en palabras de Adorni.
“Es un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental: tus dólares, tu decisión, lo tuyo es tuyo, y no del Estado”, puntualizó el funcionario.
Bajo una nueva concepción que dejará de tratar “a la gente como criminales”, la ciudadanía será inocente “hasta que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) demuestre lo contrario”, señaló Adorni.
Las medidas anunciadas por el Ejecutivo entrarán en vigor el 1 de junio.
Razones para las nuevas medidas
Argentina es uno de los países donde más criminalizado está el ahorro, con tantas operaciones consideradas sospechosas que a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) solo tenía recursos para analizar 0,34 por ciento de ellas, explicó el portavoz presidencial al razonar el motivo de este nuevo esquema.
En un país que tuvo restricciones cambiarias desde 2012 y hasta el mes pasado, salvo un lapso entre finales de 2015 y septiembre de 2019, la política contribuyó a “un acto de locura colectiva”, por el que “se decidió tratar a los argentinos como potenciales delincuentes”, afirmó Adorni.
Esa situación generó una desconfianza hacia el Estado y hacia los bancos, de manera que “por cada peso que circula en la economía, hay cinco en la informalidad, ya sea circulando en la economía en negro o ahorrados en forma de dólares”, señaló.
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Argentina también es el país de la región con menos empresas por cada 1.000 habitantes, “con un crecimiento alarmante del empleo informal y con un empleo formal que no crece desde hace 14 años”, puntualizó el representante de la Casa Rosada.
Cada vez más ciudadanos recurrieron a la informalidad por dos razones: el exceso de impuestos y el exceso de controles y regulaciones, planteó por su parte el ministro de Economía, Luis Caputo.
“Esta situación provoca una menor recaudación, y así comienza el financiamiento con deuda y emisión”, refirió Caputo, que dio detalles del nuevo régimen junto con el director ejecutivo de Arca, Juan Pazo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.
En su decisión de no controlar los consumos personales o los incrementos patrimoniales, el Ejecutivo aspira a que el acceso al crédito estimule también la utilización de los ahorros atesorados no declarados.
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Con información de Sputnik.