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Avanza proceso para que más de 800 indígenas Emberá, ubicados en La Rioja, retornen voluntariamente

La Unidad para las Víctimas trabaja, en articulación con el Distrito y otras entidades estatales, para buscar soluciones duraderas y garantizar el bienestar de la comunidad Emberá que se encuentra en Bogotá desplazada de sus territorios ancestrales.

Teniendo  en cuenta la  emergencia de salud decretada por parte de la Secretaría de Salud Distrital en La Unidad de Protección Integral (UPI)  La Rioja, en donde actualmente se encuentran ubicados más de 800 indígenas del pueblo Emberá que llegaron desplazados de sus territorios, en los  departamentos del Chocó y Risaralda, la Unidad para las  Víctimas inició un proceso de concertación con diferentes  entidades  del orden distrital y nacional, además de llevar a cabo acciones en diferentes líneas que buscan ante todo la garantía de derechos para esta población.

Es por esto que, como parte del diálogo para proponer soluciones duraderas en las que las prioridades son asegurar el bienestar de las familias indígenas asentadas en la UPI  La Rioja y llegar a un acuerdo para su retorno voluntario y con garantías, este miércoles 31 de mayo se llevó a cabo un encuentro entre delegados del Gobierno nacional, la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Bogotá.

En esta reunión se exploró lo que sería la fase de alistamiento para un posible retorno de la comunidad Emberá. Con estos acercamientos, se busca lograr un diálogo eficiente, efectivo e intercultural entre las comunidades indígenas y las entidades estatales para identificar las principales necesidades y establecer compromisos desde cada una de las competencias institucionales.

La Unidad para las Víctimas tiene dos líneas fundamentales que son la guía para desarrollar su misión y garantizar la atención efectiva de las familias asentadas en la UPI La Rioja:

1.     Retorno:  la Unidad ha buscado priorizar los procesos de retorno como primera medida para la reparación y restablecimiento de derechos de esta población.  Por tal motivo, ha establecido un espacio de diálogo con líderes de esta comunidad que permita avanzar con un proceso de retorno a sus territorios de origen con todas las garantías y bajo los principios de seguridad, dignidad y voluntariedad.

2.   Alojamiento temporal: teniendo en cuenta el cierre inminente de la UPI  La Rioja, la Unidad ha establecido diferentes espacios de articulación con el Distrito, el Ministerio del Interior y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), orientados a la identificación de inmuebles que cumplan con los requisitos necesarios para suplir las necesidades de la población Emberá mientras se avanza con un proceso de retorno.

La Unidad  ha sido enfática en la  importancia de poder avanzar con una inversión por parte de todas las entidades del nivel nacional en el territorio que favorezca el  desarrollo de procesos de retorno sostenibles,  de tal manera que se evite el desplazamiento y  la  llegada de más familias Emberá las grandes ciudades, donde las  condiciones de habitabilidad y los  niveles de vulnerabilidad,  principalmente  en mujeres  y menores de edad, exponen a la población a niveles muy altos de riesgos.

Mientras estos retornos voluntarios se hacen efectivos, la Unidad para las Víctimas, en su misión de ayuda humanitaria, durante lo corrido del 2023 ha venido brindado acompañamiento, asistencia y atención de subsidiariedad en  alimentación   para  esta  población que  permanece radicada en Bogotá. En  ese sentido ha invertido cerca de 800 millones de pesos para la entrega de mercados, kits de aseo, logística y alimentación en la UPI La Rioja.

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La Unidad reitera su compromiso de facilitar todas las  condiciones, en el marco de sus competencias y responsabilidades contempladas en la política pública de víctimas del país, y seguirá concertando con el Distrito, con las  distintas  entidades estatales y  con las  comunidades indígenas asentadas en Bogotá, hasta lograr que se garanticen los derechos de esta población.

“En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos”.

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