La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exacalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez (2016 – 2019), por presuntamente realizar manifestaciones injuriosas en contra de otros servidores públicos, así como hacer referencias irrespetuosas sobre un ciudadano, hechos ocurridos durante su administración utilizando su programa institucional.
Al parecer, en algunas de las emisiones del programa ‘Hable con el alcalde’, emitido por la red social Facebook, así como en entrevistas en medios de comunicación, Hernández Suárez habría hecho señalamientos injuriosos en contra del entonces gobernador de Santander, Didier Tavera; el diputado del mismo departamento, Edgar Suárez Gutiérrez; el subcontralor de Bucaramanga para la época, Héctor Rolando Noriega, y el cuerpo de bomberos de la ciudad.
Para el órgano de control, el exfuncionario con su aparente conducta pudo afectar “los derechos de los servidores públicos a los que se refirió, al invadir incluso la esfera de su vida personal y familiar, sin respeto alguno de su intimidad, de su dignidad, buen nombre e imagen ante la comunidad, y sin considerar que, aun tratándose de funcionarios públicos, la información debía tener un mínimo de plausibilidad y cumplir con condiciones básicas de veracidad y credibilidad”.
Agregó que, con los aparentes señalamientos, el exfuncionario al parecer no solo buscaba “descalificar el ejercicio de las funciones públicas que ellos tenían, sino, además, generar el rechazo contra ellos por parte de la ciudadanía y el respaldo a su proyecto político”, precisó la Procuraduría en el pliego de cargos.
Rodolfo Hernández también deberá responder por los presuntos tratos irrespetuosos contra el ciudadano Fernando Martínez Arenas, de quien habría dicho en el mismo programa institucional que era un “vago sin sueldo”, que “deberían medicarlo” y “tocaba que lo llevaran al médico”.
Por esos hechos, el Ministerio Público profirió cargos disciplinarios en contra del entonces alcalde, calificados como faltas graves cometidas a título de dolo.
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En el mismo pliego de cargos y por hechos diferentes, pero de la misma naturaleza, la Procuraduría ordenó el archivo por otras manifestaciones realizadas en el mismo programa, porque se demostró que no había prueba concluyente o lo que afirmó no tenía una connotación disciplinaria.