Como parte del seguimiento preventivo que la Procuraduría General de la Nación realiza al Programa de Alimentación Escolar –PAE– para la vigencia 2023, el ente de control señaló que de las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) responsables de suministrar el servicio, 60 ya dieron inicio al calendario académico y en 15 de estas, no se garantizó desde el primer día del calendario escolar, el complemento alimentario de los beneficiarios en las instituciones educativas oficiales.
De acuerdo con el informe de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar UAPA, el Ministerio Público conoció el reporte de los retrasos en los municipios de La Estrella, Valledupar, Quibdó, Lorica, Facatativá, Neiva, Armenia, Santa Marta, Buenaventura, para el inicio de prestación del servicio y puesta en marcha del programa de alimentación escolar.
El ente de control referenció su preocupación por casos como el de Sucre, donde la Gobernación adjudicará el contrato hasta el 15 de marzo de 2023, y situaciones como la de Yopal, entidad territorial que deberá iniciar un nuevo proceso por una declaratoria de desierto que se encontraba en curso.
El Ministerio Público también precisó que, de acuerdo con el informe, en los departamentos de Antioquia, Cauca y Chocó, el inicio del PAE se realizó de manera parcial y en el caso de Caquetá, Córdoba, Guaviare, Sucre y Quindío, no se reportó el inicio de operación para la prestación del servicio, poniendo en riesgo que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad, las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar.
La Contraloría General de la República se pronuncia
Frente a este grave problema, la Contraloría General estima que alrededor de 530.000 niños, niñas y adolescentes en el país están en riesgo de no recibir el servicio de alimentación escolar durante el primer mes del Calendario Escolar de la vigencia 2023, identificó la Contraloría General de la República en el marco del seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que realiza a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Alimentos Para Aprender (UAPA).
En el análisis de la entidad, del total de 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 9 de ellas (Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga) presentan riesgo de incumplimiento en el inicio oportuno, debido a una ineficiente planeación para la realización de los procesos de contratación.
A corte del 23 de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación, Sucre planea iniciar el 15 de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar recién empezó proceso de adjudicación, Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero.
Deben acatarse principios de planeación en la contratación
La Contraloría General de la República hace un llamado de atención a estas 9 ETC, ya que desde el 7 de diciembre de 2002 (a través de la Resolución No. 359) les fueron asignados más de 124 mil millones de pesos para ejecución del PAE vigencia 2023 en sus territorios.
De igual manera, el organismo de control puso de relieve la situación de la ETC Ciénaga, que durante la vigencia 2022 entregó únicamente Ración Industrializada y en 2023 inició oportunamente su operación, pero corre el riesgo de suspensión del PAE por contar con sólo dos semanas de ejecución a través de recursos de vigencias futuras.
A este mismo corte, de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, 60 iniciaron calendario escolar el pasado 16 de enero, y sólo 45 de estas dieron inicio a la prestación del servicio PAE, por lo que desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría, se hace igualmente un llamado de atención a las 15 Entidades Territoriales Certificadas que no cumplieron con este criterio.
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La Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez Vela, recordó que “El acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley 2167 de 2021”.
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