Javier Reyes Bustamante, Contralor Delegado para el Sector Vivienda de la Contraloría General de la República, denunció que fue objeto de un nuevo intento de suplantación de identidad, con fines delictivos.
El funcionario fue informado de la situación por parte del alcalde del municipio de La Estrella (Antioquia), Juan Sebastián Abad Betancur, quien el pasado 18 de agosto de 2022, a eso de las 12 m, se recibió llamada en el teléfono fijo de la Secretaría de Obras Públicas de un hombre quien se identificó como asistente del Contralor Delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, solicitando comunicarse con la titular de este despacho, Ana Maria Ríos Restrepo, quien en el momento no se encontraba en el despacho, y al regresar se comunicó a uno de los dos números celulares que dejaron para contacto.
La llamada fue contestada por alguien que se hizo pasar por el Contralor Delegado, quien solicitó los datos de contacto del representante legal del Consorcio G&A 2020, contratista del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en los sectores de Pueblo Viejo y La Tablaza, para citarlo a una mesa de trabajo, porque supuestamente se le debían dar unas recomendaciones para ser aplicadas a dicho proceso. Se le solicitó entonces que enviará un correo con la solicitud formal, lo cual nunca hizo.
Se presentarán las denuncias del caso
El número del celular en el que se contestó esta llamada no corresponde al que tiene el Contralor Delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico y este mismo funcionario recordó que ningún Contralor Delegado solicita o solicitará a los gestores fiscales o representantes de entidades públicas o privadas, reuniones privadas, requiriendo información, o la realización de mesas de trabajo, sin previa comunicación oficial, toda vez, que las reuniones requeridas para el ejercicio de la vigilancia y control fiscal son programadas por vía institucional (correo electrónico CGR, plataforma Teams CGR, etc.).
La Contraloría General de la República reiteró su llamades a la autoridades departamentales y municipales, así como a contratistas, para que no accedan a este tipo de solicitudes con fines delictivas.
Obviamente, el organismo de control nunca realiza a través de las líneas telefónicas presiones, constreñimientos, recomendaciones o solicita información de esta clase a las entidades públicas o privadas, con la excusa de estar cumpliendo con la función constitucional del ejercicio de la vigilancia y el control sobre la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos.
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“Rechazamos todo acto de suplantación de identidad que altere el bienestar de las personas y los procesos o proyectos que se llevan en este sector. Y procederemos a realizar las denuncias del caso ante las autoridades competentes, para que se investigue sobre el particular y así evitar que otras entidades públicas o privadas, sean víctimas de esta clase de constreñimientos o presiones”, concluyó el Contralor Delegado para el Sector Vivienda, Javier Reyes Bustamante.
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