Alberto Mario Ospino, juez de Puerto Colombia (Atlántico), avaló el derecho al debido proceso y a la defensa que se le había vulnerado a la Unión Temporal Centros Poblados al decretarse la nulidad del polémico contrato de 1.07 billones de pesos para proveer el servicio de internet a escuelas rurales, el cual ha venido incumpliendo y tiene en veremos un anticipo de 70 mil millones.
La tutela también afectaría el embargo a las cuentas y bienes por casi 600 mil millones de pesos que pesaba sobre la Unión Temporal, el cual se ordenó una vez el Banco Itau mediante un comunicado de prensa explicara que los documentos presentados, en donde se les vincula como entidad garante, no fueron expedidos por ellos, es decir, son falsos.
Sin embargo, desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTIC) se informó que una medida en tal sentido solo podría ser tomada vía contencioso administrativo y no por intermedio d un juez local.
El togado ordenó “Correr traslado del libelo de la tutela y sus anexos, a MINISTERIO DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, AL ICM INGENIEROS S.A.S., AL INTEC DE LA COSTA S.A.S., A OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S. Y AL BANCO ITAU CORPBANCA COLOMBIA, con el fin de que se pronuncien a cerca de los hechos y pretensiones de la demanda tutela, dentro del término de un (1) día, contados a partir de la notificación del presente proveído”, expresó el juez al aceptar la tutela.
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Este polémico contrato, denunciado por presuntas irregulares desde finales del año pasado por la WRADIO, hoy en día tiene realizando indagaciones a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, y la Procuraduría General de la República y además tiene pendiente una moción de censura en el Congreso de la República en contra de la Ministra Karen Adudinen.
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