Tras una nueva gran polémica que se levantó en el país por la decisión del juez Alberto Mario Ospino, quien había aceptado una tutela con la que la Unión Temporal Centros Poblados podría haber seguido con el contrato de 1.07 billones de pesos para proveer servicio de internet en escuelas rurales, el togado tomó la decisión de recular, por lo que la suspensión del convenio sigue firme, por el momento.
Luego de que expertos juristas manifestaran que tal potestad que se habría tomado el togado sobrepasaría sus funciones por lo que habría incurrido en un prevaricato.
El Juzgado emitió una publicación oficial en la que admite que dicho trámite de tutela debe ser efectuado por parte de un Juez del Circuito, por lo que decidió enviarlo al Juzgado Civil del Circuito de Barranquilla, el cual deberá determinar si acepta o no la tutela.
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Por su parte, la ministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinen, afirmó que la instauración de la tutela por parte de Centro Poblados es una táctica dilatoria que busca dejar vencer los términos, en contra de los intereses del Estado.
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