En representación de los familiares de las víctimas de dos de las personas privadas de la libertad que murieron incineradas en el CAI de San Mateo, Soacha, el 4 de septiembre de 2020, el abogado defensor de derechos humanos e integrante del Cajar, Alirio Uribe Muñoz, pidió a la Procuraduría General de la Nación imponer la máxima sanción disciplinaria consistente destitución e inhabilidad por 20 años contra la Subteniente Aleida del Pilar González Quiroz, el Teniente Cesar Augusto Martínez Fernández y el patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz, por no haber actuado para salvaguardar la vida de 11 personas que murieron víctimas del fuego al interior de una celda de 4 metros cuadrados y la integridad de 3 más que resultaron gravemente heridas.
En los alegatos de conclusión, el abogado expuso cómo estos tres policías más otros 12 que estaban en la estación no abrieron la celda cuando se inició el fuego a su interior, a pesar de los gritos desgarradores y súplicas de los prisioneros. También recordó que antes del incendio, las 11 personas privadas de la libertad estaban en condiciones de hacinamiento e indignidad, recluidas en en una celda de 2×2 metros, con serias limitaciones para acceder a servicios sanitarios, descansar o recibir visitas.
El día de los hechos, los familiares de las personas detenidas fueron a visitarlos y el patrullero Martínez Fernández les informó que no había visitas, ante lo cual se desataron las protestas de los presos. Uno de ellos, paciente de psiquiatría que no estaba recibiendo la atención ni los medicamentos y necesarios, prendió fuego a las colchonetas. Otro de sus compañeros intentó ahogar las llamas sin éxito, Allí empezaron los llamados de auxilio y la súplica de ¡Abran, abran! que los policías ignoraron. Los familiares por su parte, presas del desespero, también empezaron a tratar de ingresar al CAI ante lo cual los agentes sí reaccionaron para impedirlo.
Le puede interesar: Procuraduría culpa a la administración de Carrillo por archivo del caso de manejo de gastos reservados en las Fuerzas Militares
Con todo lo anterior, el abogado de víctimas desestimó que se tratara de un plan o de un amotinamiento con fines de fuga y en cambio señaló un trato discriminatorio y estigmatizante contra las personas allí recluidas. También llamó la atención sobre el hecho de que a pesar de las constantes requisas y de que sus familiares llevaban más de una semana sin visitarlos, los presos contaran con elementos como celulares, armas y un encendedor, elemento prohibido, que habría originado el fuego, por lo cual también denunció prácticas de corrupción en este centro de detención.
También relató cómo estos agentes de policía que tenían bajo su responsabilidad la custodia de estas personas, les gritaban que se quemaran y los trataron con crueldad y desprecio incluso cuando los sacaron de la celda, por acción de un tercer agente que venía de fuera del CAI.
El abogado de víctimas resaltó que es necesario que se esclarezcan todas las responsabilidades tanto disciplinarias como penales, que se garantice la vida y la dignidad en los centros de detención donde las personas han perdido su derecho a la libertad, pero conservan todos sus demás derechos humanos, y que hechos como estos jamás se repitan.
A continuación, los nombres de las víctimas del CAI de San Mateo, Soacha:
Bernardo Pineda Gaviria, Cristian Gilberto Rincón Caycedo, Carlos Duván García, Anderson Stiven Méndez, Jeison Andrés Conde Ramírez, Juan David Rojas Ordoñez, Nélson Rojas, Oscar Infante Cano, Jesús Alirio Abril Cruz, Michael Germán Galido y Nélson Gómez Tovar.