La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, lideró cuatro acciones simultáneas realizadas en diferentes puntos del país contra los principales fenómenos criminales que inciden en el deterioro de los recursos naturales y ponen en riesgo la sostenibilidad de las comunidades.
Los procedimientos se realizaron en la Amazonía colombiana, Norte de Santander, Antioquia y Atlántico. 18 personas fueron capturadas y se incautaron motores, maquinaria e insumos.
Invasión en el resguardo Nukak Makú
Personal de policía judicial CTI de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional y la Policía Nacional, llegó hasta la vereda Gualandayes, en zona rural de San José del Guaviare (Guaviare), en el resguardo indígena Nukak Makú, comunidad de especial protección constitucional por riesgo de exterminio físico y cultural.
En las verificaciones, además de constatar acelerada deforestación, fue descubierto un vivero con 80.000 matas de coca y un semillero en un predio conocido como La Tormenta. En la zona también se encontró un bulldozer que, al parecer, era usado para abrir pozos y abastecer de agua al ganado; además de otros elementos presuntamente utilizados para realizar corrales y adecuar el terreno para la ganadería extensiva, una actividad prohibida en una Reserva Nacional Natural de la Amazonía colombiana.
José Alfdeberto Plazas Saldaña, el supuesto propietario del bien en el que se encontró el cultivo ilícito, fue capturado y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó los delitos de: daños a los recursos naturales, invasión de áreas de especial importancia ecológica, y conservación y financiación de plantaciones. El juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en el lugar de residencia.
Red de tráfico de madera
En el Catatumbo (Norte de Santander) fue impactada una red delincuencial que estaría vinculada al tráfico de madera. Las investigaciones dan cuenta de que la organización, supuestamente, compraba el producto que era extraído mediante tala ilícita en áreas de bosque nativo de Tibú, Sardinata, El Zulia y El Tarra.
La madera, al parecer, era trasladada a centros de acopio en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, y desde allí se coordinaba la venta hacia diferentes departamentos. Para moverla y darle apariencia de legalidad, algunos de los integrantes de la red, supuestamente, obtenían permisos, salvoconductos y guías otorgadas por corporaciones autónomas de otras regiones, como el Eje Cafetero, la Costa Atlántica y el centro del país.
Con estos documentos transportaban, por viaje, entre 16 y 21 metros cúbicos de especies como cedro, higuerón, pardillo, moncoro, pavito, nogal y ordinario. En dos años de investigaciones, a esta estructura les fueron interceptados más de 15 camiones.
En diligencias realizadas por la Fiscalía y la Policía Nacional en Cúcuta, Ocaña y Tibú fueron capturadas ocho personas que harían parte de la organización, entre ellas una mujer conocida como ‘Luci’, quien sería una de las encargadas de realizar las maniobras ilícitas para conseguir los salvoconductos.
Los detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías y se les imputarán los delitos de concierto para delinquir agravado e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
Daño ambiental en Caucasia
En una operación articulada del CTI y el Ejército Nacional en Caucasia (Antioquia), fue descubierto un frente de extracción ilícita de oro, en el que motores succionaban material mineral del Río Man.
En el lugar se constató el vertimiento indiscriminado de mercurio a la fuente hídrica que abastece al acueducto de la región, por lo que peritos especializados tomaron muestras para establecer el grado de contaminación del agua y la posible afectación a la comunidad. Durante las diligencias fueron incautados cinco motores y capturadas siete personas, entre ellas los administradores del entable.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daños a los recursos naturales, contaminación ambiental y concierto para delinquir.
Canteras ilícitas
En la vereda La Gloria del corregimiento de Arroyo de Piedra, en Luruaco (Atlántico), fue intervenido un frente de extracción de material de arrastre que, supuestamente, ocupaba de manera ilegal un área titulada a una compañía cementera.
En el sitio, investigadores del CTI, con apoyo del Ejército Nacional, identificaron un evidente incumplimiento de las normas ambientales, una grave afectación al ecosistema de la zona y la perdida de la montaña por la utilización de retroexcavadoras para obtener arena y piedra.
Durante los procedimientos fueron capturadas dos personas y se incautaron volquetas y dos máquinas. La Fiscalía imputó a los detenidos, los delitos de daños a los recursos naturales agravado y explotación ilícita de yacimiento minero. Los procesados, entre ellos uno de los administradores de la cantera, aceptaron los cargos.
